La actual administración de Conaculta se despide con un escándalo de corrupción inaceptable en el México actual. Mario Bojórquez, a través de un par de cartas, explica este caso que atropella las propias leyes de Conaculta. Este escándalo se destapó a partir de que Rodrigo Castillo, jefe de redacción de Tierra Adentro, recibió un apoyo millonario de carácter insitucional, vedado para él dada su calidad de funcionario.
Estimados licenciados, Consuelo Sáizar y Alejandro de la Canal, en los últimos días he remitido por Twitter para su conocimiento, los artículos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos que han sido violentados en el certamen de obras nacionales del INBA-CONACULTA por diversos funcionarios de su administración que invocan unas Reglas de Operación de ese certamen por encima de la Ley; padres e hijos, socios y parientes, compañeros de trabajo y amistades, funcionarios todos de gobierno, han pasado sin atender a los ordenamientos de la norma que impide recibir dinero, contratos y otros beneficios en su calidad de servidores públicos. Rodrigo Castillo, funcionario de Tierra Adentro y Carmen Bojórquez del INBA, que han sido beneficiados directamente por sí o por parientes de primer grado, además de otros que han buscado beneficio para sus inferiores jerárquicos como Teresa Vicencio y Roberto Vázquez, así como Consuelo Sáizar, jefe de todos los enumerados, han cruzado la delgada línea de su deber poniéndose del lado del delito, es probable que exista responsabilidad para otros funcionarios que yo desconozco, sin embargo, creo que deben ser llamados para que den cuenta de estos mandatos de la norma, especialmente en sus fracciones XIII y XV:
XIV. Informar por escrito al jefe inmediato y en su caso, al superior jerárquico, sobre la atención, trámite o resolución de los asuntos a que hace referencia la fracción anterior y que sean de su conocimiento; y observar sus instrucciones por escrito sobre su atención, tramitación y resolución, cuando el servidor público no pueda abstenerse de intervenir en ellos;
XV.Abstenerse, durante el ejercicio de sus funciones de solicitar, aceptar o recibir, por sí o por interpósita persona, dinero, objetos mediante enajenación a su favor en precio notoriamente inferior al que el bien de que se trate y que tenga en el mercado ordinario, o cualquier donación, empleo, cargo o comisión para sí, o para las personas a que se refiere la fracción XIII, y que procedan de cualquier persona física o moral cuyas actividades profesionales, comerciales o industriales se encuentren directamente vinculadas, reguladas o supervisadas por el servidor público de que se trate en el desempeño de su empleo, cargo o comisión y que implique intereses en conflicto. Esta prevención es aplicable hasta un año después de que se haya retirado del empleo, cargo o comisión;
XVI. Desempeñar su empleo, cargo o comisión sin obtener o pretender obtener beneficios adicionales a las contraprestaciones comprobables que el Estado le otorga por el desempeño de su función, sean para él o para las personas a las que se refiere la fracción XIII;
XVII. Abstenerse de intervenir o participar indebidamente en la selección, nombramiento, designación, contratación, promoción, suspensión, remoción, cese o sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar o de negocios en el caso, o pueda derivar alguna ventaja o beneficio para él o para las personas a las que se refiere la fracción XIII;
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, última reforma Diario Oficial de la Federación 09-04-2012
ARTÍCULO 53.- Las sanciones por falta administrativa consistirán en:
I.- Apercibimiento privado o público;
II.- Amonestación privada o pública.
Fe de erratas a la fracción DOF 10-03-1983
III.- Suspensión;
IV.- Destitución del puesto;
V.- Sanción económica;
VI.- Inhabilitación temporal para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
Las
I.- La sanción económica impuesta se dividirá entre la cantidad líquida que corresponda y el salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal al día de su imposición, y
II.- El cociente se multiplicará por el salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal al día del pago de la sanción.
Para los efectos de esta Ley se entenderá por salario mínimo mensual, el equivalente a treinta veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal.
@casidadelodio / Recuerde que el talento acaba por imponerse. Saludos.
La contraloría interna de la dependencia
El superior jerárquico de la dependencia o entidad respectiva enviará a la Secretaría copia de las denuncias cuando se trate de infracciones graves o cuando, en su concepto, y habida cuenta de la naturaleza de los hechos denunciados, la Secretaría deba, directamente, conocer el caso o participar en las investigaciones.
Artículo reformado DOF 24-12-1996
ARTÍCULO 58.- La Secretaría aplicará las sanciones correspondientes a los contralores internos de las dependencias cuando éstos incurran en actos u omisiones que impliquen responsabilidad administrativa.
ARTÍCULO 59.- Incurrirán en responsabilidad administrativa los servidores públicos de las contralorías internas que se abstengan injustificadamente de sancionar a los infractores o que, al hacerlo, no se ajusten a lo previsto por esta Ley. La Secretaría informará de ello al Titular de la dependencia y aplicará las sanciones correspondientes.
ARTÍCULO 60.- La contraloría interna de cada dependencia o entidad será competente para imponer sanciones disciplinarias.
Artículo reformado DOF 21-07-1992, 24-12-1996
ARTÍCULO 61.- Si la contraloría interna de la dependencia o el coordinador de sector en las entidades tuvieran conocimiento de hechos que impliquen responsabilidad penal, darán vista de ellos a la Secretaría y a la autoridad competente para conocer del ilícito.
XX.- SUPERVISAR QUE LOS SERVIDORES PUBLICOS SUJETOS A SU DIRECCION, CUMPLAN CON LAS DISPOSICIONES DE ESTE ARTICULO; Y DENUNCIAR POR ESCRITO, ANTE EL SUPERIOR JERARQUICO O LA CONTRALORIA INTERNA, LOS ACTOS U OMISIONES QUE EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES LLEGARE A ADVERTIR RESPECTO DE CUALQUIER SERVIDOR PUBLICO QUE PUEDA SER CAUSA DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA EN LOS TERMINOS DE ESTA LEY, Y DE LAS NORMAS QUE AL EFECTO SE EXPIDAN;
XXI.- PROPORCIONAR EN FORMA OPORTUNA Y VERAZ, TODA LA INFORMACION Y DATOS SOLICITADOS POR LA INSTITUCION A LA QUE LEGALMENTE LE COMPETA LA VIGILANCIA Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, A EFECTO DE QUE AQUELLA PUEDA CUMPLIR CON LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES QUE LE CORRESPONDAN.
XXII.- ABSTENERSE DE CUALQUIER ACTO U OMISION QUE IMPLIQUE INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER DISPOSICION JURIDICA RELACIONADA CON EL SERVICIO PUBLICO, Y
XXIII.- ABSTENERSE, EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES O CON MOTIVO DE ELLAS, DE CELEBRAR O AUTORIZAR LA CELEBRACION DE PEDIDOS O CONTRATOS RELACIONADOS CON ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y ENAJENACION DE TODO TIPO DE BIENES, PRESTACION DE SERVICIOS DE CUALQUIER NATURALEZA Y LA CONTRATACION DE OBRA PUBLICA, CON QUIEN DESEMPEÑE UN EMPLEO, CARGO O COMISION EN EL SERVICIO PUBLICO, O BIEN CON LAS SOCIEDADES DE LAS QUE DICHAS PERSONAS FORMEN PARTE, SIN LA AUTORIZACION PREVIA Y ESPECIFICA DE LA SECRETARIA A PROPUESTA RAZONADA, CONFORME A LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES, DEL TITULAR DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE QUE SE TRATE. POR NINGUN MOTIVO PODRA CELEBRARSE PEDIDO O CONTRATO ALGUNO CON QUIEN SE ENCUENTRE INHABILITADO PARA DESEMPEÑAR UN EMPLEO, CARGO O COMISION EN EL SERVICIO PUBLICO, Y
XXIV.- LA DEMAS QUE LE IMPONGAN LAS LEYES Y REGLAMENTOS.
CUANDO EL PLANTEAMIENTO QUE FORMULE EL SERVIDOR PUBLICO A SU SUPERIOR JERARQUICO DEBA SER COMUNICADO A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL, EL SUPERIOR PROCEDERA A HACERLO SIN DEMORA, BAJO SU ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PONIENDO EL TRAMITE EN CONOCIMIENTO DEL SUBALTERNO INTERESADO. SI EL SUPERIOR JERARQUICO OMITE LA COMUNICACION A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA GENERAL, EL SUBALTERNO PODRA PRACTICARLA DIRECTAMENTE INFORMANDO A SU SUPERIOR ACERCA DE ESTE ACTO.
Estimado lic. Alejandro de la Canal,
Con el propósito de dar curso a su petición de información al respecto de mi queja presentada el día 25 de noviembre de 2012, donde hago algunos señalamientos que a mi juicio son competentes para acreditar que algunos funcionarios del INBA y CONACULTA se han extralimitado en su actuación, violando los ordenamientos vigentes de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, al participar y obtener un beneficio económico que rebasa los 100 salarios mínimos mensuales en el Distrito Federal para sí y para socios, amigos y familiares hasta por el cuarto grado de consanguinidad, fundando su participación en una convocatoria y reglas de operación para esa convocatoria pública, donde no se hace mención expresa de las excepciones que la ley establece y con ese argumento, se acogen al mandato de esas reglas para persistir en el acto reclamado, dando por legal su participación así como la de terceros vinculados con su actuación.
No soy abogado, soy apenas un particular que desea conocer la pertinencia del artículo 47 en sus fracciones XIII y XV que obligan a los funcionarios a excusarse y abstenerse de participar en un acto donde tengan un interés particular, así como la de intervenir en un acto que implique un contrato o beneficio más allá del que por ley les corresponde, para sí o para algún tercero mencionado en la fracción XIII de la ley de referencia.
Si así fuera, entonces entiendo que hay mayores responsabilidades en todos aquellos que actuaron en el desarrollo de una convocatoria y sus reglas de operación que no impedían la subversión de los artículos de referencia, generando un vacío legal que sólo puede ser llenado con la aplicación irrestricta del citado artículo 47 y sus fracciones, considero que puede tener responsabilidad el Director Jurídico de CONACULTA Luis Vega García y sus empleados que no previnieron la participación ilegal de los funcionarios y cuando esta participación se hizo efectiva, no la persiguieron con los supuestos del artículo 47 de la citada ley.
De esto modo, me quejo de la actuación del Comité Interinstitucional dirigido por Roberto Vázquez de CONACULTA y Teresa Vicencio del INBA y de aquellos funcionarios que participen en su conformación, como son los secretarios técnicos de literatura Stasia de la Garza y de danza Carmen Bojórquez, así como los de las demás disciplinas convocadas de quienes desconozco sus nombres, los miembros de los Consejos de Evaluación de las disciplinas que fungieron como jurados y dieron fallos donde beneficiaban a funcionarios públicos que estaban impedidos por ley a recibir estos beneficios, finalmente, me quejo de Consuelo Sáizar, presidenta de CONACULTA, pues habiéndole ofrecido estos mismos argumentos no actuó con inmediata previsión para impedir el ilícito entre sus inferiores jerárquicos, haciendo caso omiso a lo que la ley le obliga de dar a conocer a la contraloría interna o la Secretaría de la Función Púbica de forma inmediata su denuncia al respecto de este quebranto a la ley y a las finanzas públicas.
Me quejo de Rodrigo Castillo, jefe de redacción del Programa Tierra Adentro, tercer puesto jerárquico en esa estructura y director de Boxeo ediciones, responsable del proyecto marcado con el número nueve en la lista de beneficiados del Programa de Fomento de Obras Literarias Nacionales, pues conociendo la ley, y sabiendo que de ninguna manera puede participar en una convocatoria lanzada por la institución en la que trabaja, haciendo omisión del ordenamiento que rige su conducta como funcionario público adscrito a la Dirección General de Publicaciones del CONACULTA, participó y obtuvo beneficio económico mayor a los doscientos salarios mínimos mensuales en el Distrito Federal que merece una sanción según el artículo 53 de inhabilitación por 20 años y pago de dos tantos sobre el importe recibido más los daños y perjuicios que genere su actuación.
Me quejo de Carmen Bojórquez, coordinadora nacional de danza del INBA, miembro del Comité Interinstitucional y su secretaria técnica por permitir que sus familiares, en este caso en primer grado de consanguinidad, dos de sus hijos, cada uno con un proyecto propio de hasta dos millones de pesos, obtuvieran beneficio económico de un comité donde participaba su madre por más de cien salarios mínimo mensuales en el Distrito Federal , por lo que la funcionaria merece una sanción de 20 años de inhabilitación según el artículo 53 y pago de dos tantos sobre el importe recibido por sus familiares más los daños y perjuicios que su actuación genere.
Me quejo de todos los funcionarios públicos de CONACULTA y el INBA, cuyos nombres y puestos desconozco pero que están en los mismos términos de los que aquí menciono y que no será dificultoso para el Órgano de Control Interno, reconocer entre los empleados de esas mismas instituciones, contrastando los nombres de los beneficiarios con los de sus empleados.
Atentamente
Mario Bojórquez
San Pedro Cholula, Puebla 26 de noviembre de 2012